El proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que se busca implementar en España a provocado revuelo en el sector exportador del país. Se estima que las prácticas propuestas en la actual iniciativa legislativa ponen en peligro la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas e “impactan sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica”, acorde a un informe de la firma internacional EY.

Tal como informó el medio El Canal Marítimo y Logístico, el estudio refuerza la idea de que “el régimen de responsabilidad que pretende introducirse a través del proyecto de Ley pasaría a ser uno de los más rigurosos de la UE”. Así, España saldría del grupo de países que aplican un nivel de restricción medio –y que incluye a los estados con mayor volumen de comercio exterior como Alemania, Países Bajos, Italia y Francia– y se equipararía con países poco competitivos desde el punto de vista del tráfico exterior, como son Estonia, República Checa, Letonia o Polonia.

COMERCIO EXTERIOR

El informe de EY también advierte sobre las implicaciones que el endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera tendría sobre el comercio exterior y la internacionalización de la empresa española, uno de los principales motores de la economía española, del que depende un tercio del PIB español.

Para Antonio Llobet, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas de España, “el papel del sector exterior es fundamental para la recuperación y avance de la economía española y consideramos que las medidas del proyecto de Ley perjudican seriamente al atractivo comercial y a la competitividad de España en el marco europeo», expresó la entidad al medio.

Asimismo, sostuvo que «la imposibilidad de ofrecer las garantías económicas exigidas en el proyecto de Ley pondría en riesgo la continuidad de la labor de los profesionales dedicados a la gestión aduanera, lo que conllevaría el cierre de múltiples empresas locales o la deslocalización a otros países de la UE con normas más favorables».

«Por lo tanto, exigimos una Ley aduanera específica, que trate en profundidad el impacto de estos cambios en la competitividad y atractivo comercial de España, porque una gestión aduanera fluida y competitiva es beneficiosa para nuestras empresas”, concluyó.

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