La problemática comenzó cuando en el puerto del norte chileno se inició el cobro para servicios prestados a la carga boliviana de importación de las tarifas exigibles a cualquier usuario.

Esto debido a que la entidad boliviana no ha querido suscribir la nueva propuesta tarifaria que incluye descuentos del 38%, afirmando que “no corresponde” la aplicación de estas tarifas públicas en el Puerto de Arica.

El motivo que alegan es que se debe mantener la tarifa acordada en el año 2019, a pesar de que esos valores caducaron el 5 de agosto, así como que se vulnera el libre tránsito de las cargas, pero la realidad es que no se ha reportado que las mercancías estén detenidas o impedidas.

La Autoridad Boliviana reivindica que estas tarifas públicas máximas de manera unilateral y discrecional, vulnerando el libre tránsito por Chile, por lo que afirman no van a suscribir a la nueva normativa.

Sin embargo, esto no parece beneficiar a nadie ya que hasta los propios importadores y agentes aduaneros bolivianos acusan a la entidad de su país de entorpecer el comercio exterior.

La vicepresidenta de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, Sandra Baltierra, fue muy contundente sobre esta situación.

Para ella, la autoridad boliviana desconoció “sospechosamente” el acuerdo de largo plazo que había consensuado con el Puerto de Arica, donde había aceptado un convenio por tres años, un descuento promedio de un 38%, y 23 servicios con rebajas sustantivas. 

Sin embargo, ahora buscan un acuerdo por 6 meses lo que hace creer que buscan negociar con el próximo Gobierno, por lo que desde Arica hacen un llamamiento a los candidatos a no caer en esa estrategia y mantener la negociación en el ámbito empresarial.

Fuente:

Portal Portuario:

https://bit.ly/3jxFy9W

https://bit.ly/3jvNisL

Comparte