“Se trata de un proyecto infundado, arbitrario, sin sustento técnico, irracional, improvisado, que no responde a los intereses de Chile”, declaran con ímpetu desde la Asociación de Armadores del Sur (Armasur).

De hecho, hace algunos meses ya le mandaron una carta al Presidente Sebastián para expresar que se trata de una iniciativa inoportuna, sin legitimación y, lo más importante, sin ningún tipo de consulta previa con los distintos actores afectados.

Pero Armasur no fueron los únicos que expresaron su descontento: los armadores sureños también criticaron al Gobierno por esta iniciativa que confiesan perjudica severamente a los trabajadores chilenos de la industria armatorial.

Para ellos, una cosa es buscar opciones legales para mantener una marina mercante competitiva, pero otra muy diferente es destruirla como se pretende hacer ahora.

Lo que exponen es que las empresas extranjeras subsidiadas competirán deslealmente con los trabajadores e industrias chilenas asociadas al cabotaje por tener ventajas competitivas artificiales.

Entre ellas están diferentes aspectos tributarios, laborales o financieros afectando severamente la competitividad de las empresas nacionales en este sector y las fuentes de trabajo que ellas proporcionan.

Para acabar, también resaltan que este tipo de medidas ponen en jaque la soberanía y la seguridad del país, especialmente en la zona sur austral donde existen países con pretensiones territoriales sobre Chile y con sistemas de cabotaje cerrados.

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